Urgen se asignen más fondos al programa “Mi Casa Propia”

12-abril-2014

El presidente de la ACH, Roberto “Tito” Trápaga, alertó sobre la importancia de que se asignen los fondos necesarios para que dicho programa continúe funcionando.

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Roberto “Tito” Trápaga, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH). (Suministrada)

Por Ileana López / Especial para Construcción

Con solo aproximadamente $530,000 disponibles en el fondo del programa “Mi Casa Propia”, el cual concluye el 30 de junio de 2014, el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Roberto “Tito” Trápaga, alertó sobre la importancia de que se asignen los fondos necesarios para que dicho programa continúe funcionando, ya que de no asignarse “podría ocurrir una parálisis en la venta, la construcción y la adquisición de proyectos de vivienda asequible así como en los cierres hipotecarios relacionados.”

“Mi Casa Propia” provee ayuda para gastos hipotecarios a personas trabajadoras   para la compra de un hogar seguro, al ofrecer un bono de hasta un 3% del precio de venta en el caso de vivienda existente o nueva con un valor no mayor de $200,000, y hasta el 5% del precio de venta en el caso de vivienda de  interés social de nueva construcción, cuyo valor no exceda los $154,000 (viviendas unifamiliares) y $159,000 cuando es un condominio/walk up.

“Hacemos un llamado a que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1056 lo antes posible para garantizar la continuidad y asignación de fondos permanentes para este importante programa de asistencia económica, que lleva más de 20 años funcionando bien y que beneficia directamente a la clase trabajadora de ingresos bajos en Puerto Rico”, afirmó Trápaga, quien añadió que el mismo contempla una asignación de $15 millones anuales y recurrentes para garantizar la continuidad de “Mi Casa Propia”.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Vivienda,  Carlos Vargas, en un esfuerzo bipartita, ha  impulsado legislación para que se asigne los fondos  para dicho programa a través del Proyecto de la Cámara 1056.

Según Vargas, “el PC1056 está en la Comisión de Hacienda de la Cámara y le vemos buena proyección para que se logre fomentar este subsidio de forma recurrente, por lo que tengo esperanzas de que se pueda aprobar esta inyección antes de que finalice la sesión”.

Sin embargo, aunque Trápaga reconoció que tanto el gobierno como la Legislatura se encuentran haciendo un análisis responsable de los programas de subsidio, admitió que “es crucial que se tome en cuenta, los riesgos que tendría el fin de un programa de probado éxito y gran impacto social y económico como lo ha sido “Mi Casa Propia”.

“Por años  el gobierno y el país ha reclamado a nuestra industria que construyamos para la clase trabajadora de bajos recursos y así proveer alternativas de vivienda segura a las familias puertorriqueñas que menos recursos tienen. Pese a la difícil situación que atraviesa nuestra industria, desarrolladores de vivienda han acogido ese llamado y están construyendo para atender la demanda existente de vivienda económica”, expresó Trápaga.

“No obstante, si el Estado quiere que se genere nueva construcción de vivienda económica que, a su vez, ayude en la reactivación de la economía local, si queremos desincentivar que las personas recurran a la vivienda informal, el gobierno también tiene que tener el compromiso real y la responsabilidad social de incentivar su compra y promoverla a través de programas como ‘Mi Casa Propia’. De lo contrario, sería imposible que los desarrolladores de vivienda formal y segura sigamos construyendo vivienda asequible que luego, difícilmente, podrá ser adquirida”, dijo Trápaga.

Desde que se estableció el Programa, que ha contado con diversos nombres desde 1993, este ha beneficiado cerca de 60,000 familias, a la vez que ha propiciado la inversión privada en la construcción de vivienda en los mercados de mayor necesidad en Puerto Rico. Esto también tiene otros efectos en la economía, ya que por cada millón de dólares de inversión en la construcción, se generan 11 empleos directos y 25 empleos indirectos, así como ingresos fiscales significativos para el Estado, municipios y corporaciones públicas.

Por su parte, Agustín Rojo Montilla, presidente de la Asociación de Banqueros  Hipotecarios, se unió al llamado de ACH y aseguró que de no identificarse y aprobarse con urgencia nuevos fondos que garanticen la continuidad del programa causaría, igualmente, un tranque en la banca hipotecaria.

Señaló que actualmente la mayoría del volumen de cierres hipotecarios que se están reportando es de vivienda asequible cuya cualificación y transacción está sujeta a la ayuda financiera que provee “Mi Casa Propia”. “Nos unimos a este llamado urgente a la Legislatura y al gobierno a que asignen los fondos necesarios de inmediato de manera que los puertorriqueños trabajadores de escasos recursos tengan la garantía de que contarán con esa ayuda vital para lograr hacerse de un hogar seguro que, de lo contrario, lamentablemente no podrán obtener”, sostuvo Rojo.

Con aproximadamente 5,000 viviendas nuevas aún disponibles, donde la mitad cuenta con un precio por debajo de $200,000 por unidad, Rojo señaló que este es el momento de comprar ya que los intereses continúan bajos y las instituciones hipotecarias están ayudando a los clientes a cualificar. “Programas como este hacen una gran diferencia, entre que un cliente pueda o no comprar, ya que la situación económica que vivimos hoy día ha hecho casi imposible para que el puertorriqueño común pueda ahorrar para aportar a un pronto pago o gastos de cierre”.

A modo de ejemplo, Rojo recalcó la efectividad del Programa el cual permite que una persona con un ingreso mensual $1,661  pueda cualificar a través de un préstamo RURAL, al 102%, para comprar una vivienda de interés social de $110,000 con cero gastos de cierre si obtiene el bono de “Mi Casa Propia”.

“Lo  importante es  lograr que se  asignen fondos recurrentes al Programa  ya que esto le da estabilidad a la industria y seguridad al desarrollador de que puede arriesgar su capital en la construcción de un proyecto que sabe que va a contar con compradores”, dijo

Rojo.

Como ejemplo de lo que esto significa, tres ciudadanos recipientes del programa “Mi Casa Propia” dieron testimonio de cómo esta aportación cambió sus vidas al ayudarles a adquirir la propiedad de sus sueños. Ellos fueron Aracelis Alvarado, Yalitza Morales y Giovanni Quiñones, quienes compraron sus residencias en proyectos nuevos de interés social y recibieron un bono, respectivamente, de $4,453,  $5,400 y $6,050.

En el caso de Quiñones, quien es oficial del orden público, solo tuvo que aportar $63.50 para gastos de cierre. “Veo la importancia de esta iniciativa y lo mucho que me ayudó este beneficio para poder comprar una casa. Como padre soltero, que paga pensión, para mí era bien cuesta arriba, aun cuando tenía buen crédito, no tenía lo suficiente para ahorrar para los gastos de cierre y gracias a esta ayuda fue que pude comprar mi casa. Ahora, tengo un lugar donde recibir a mi hija los fines de semana, un lugar donde ella esté cómoda y contenta”.

Por otra parte, un estudio económico sobre el impacto de “Mi Casa Propia”, realizado por la firma Estudios Técnicos, fue presentado por el economista Graham Castillo, quien indicó que contrario a lo que se pueda pensar, la aportación por parte del gobierno al programa “significa sólo 3 a 4 centavos y el resto de los 96 centavos es de inversión privada”.

Castillo también mencionó que “en el año fiscal 2012 el impacto económico de nueva construcción de vivienda fue de $242,000 en ingresos fiscales por cada millón de inversión por concepto de construcciones y otras cargas fiscales (13.6% de la inversión), $100 millones en contribuciones y otras cargas fiscales y $10 millones en aportaciones de infraestructura”.

Para concluir, Trápaga   señaló que “Mi Casa Propia” tiene lo que muchos otros incentivos y créditos que se han otorgado en el país, no tienen. Entre ellos, mencionó “un mecanismo que incentiva de forma directa al comprador de la vivienda; permite que las familias logren su deseo de tener una casa digna y segura; el Estado no está obligado a subsidiar la operación de la empresa que hace la casa, sino que ayuda a la familia a adquirirla, independientemente del éxito o fracaso de la empresa que desarrolló el proyecto de vivienda y, por último, que el Gobierno solo tiene que asumir una fracción de toda la inversión y cadena económica que se logra con la construcción y venta de vivienda nueva”.

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